DECLARACION PÚBLICA
2. Nos parece especialmente atendible y compartimos la crítica a la aplicación de la llamada Ley Antiterrorista en los casos de delitos que ya están debidamente tipificados y sancionados en nuestro ordenamiento jurídico ordinario. La aplicación de manera específica de esta legislación extraordinaria a un grupo de nuestra sociedad, particularmente de nuestros pueblos originarios, nos parece un acto discriminatorio y arbitrario que no se justifica jurídicamente. 3. Diversos organismos internacionales en DDHH han criticado esta legislación y la han calificado como violatoria de las Convenciones de DD.HH, pues posee disposiciones que conllevan abuso de medidas privativas de libertad, atentatorias en contra del principio de legalidad y del debido proceso. 4. Creemos necesario que el gobierno tome en consideración el informe que el 18 de mayo de 2007 emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que expresa su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la ley de Chile, señalando que "podría resultar demasiado amplia y que ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social". Este organismo advierte que las garantías procesales se ven limitadas por la aplicación de esta ley y que se presta para arbitrariedades y discriminaciones, ya que en el caso de Chile solo se ha aplicado para la persecución penal de mapuches. 5. En este contexto de razones, y dada la crítica situación que se ha producido con la prolongada huelga de hambre de comuneros y dirigentes mapuches en las cárceles del país, creemos que ha llegado el momento de revisar a fondo la legislación antiterrorista, su definición y ámbitos de aplicación. Por lo anterior, llamamos al gobierno a actuar con rapidez y constituir una mesa de trabajo que permita la derogación o modificación profunda de la actual Ley Antiterrorista. 6. Junto a lo anterior rechazamos la aplicación de la justicia militar a civiles, y específicamente a miembros de nuestros pueblos originarios. Reiteramos nuestro compromiso de reformar el Código de Justicia Militar el cual - nuestro juicio- tiene un ámbito de aplicación que excede las condiciones que se deben observar dentro de un estado de derecho democrático. 7. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con las reivindicaciones del pueblo mapuche, especialmente de su reconocimiento constitucional, de la continuidad de la política de entrega de tierras llevada adelante por los últimos gobiernos democráticos, y a la aplicación a plenitud del Convenio 169 de la OIT.
Jorge Pizarro Osvaldo Andrade Presidente del Senado Presidente del PS Carolina Tohá Guillermo Tellier Presidenta del PPD Presidente del PC Juan Carlos Latorre José Antonio Gómez Presidente de la DC Presidente del PRSD Sergio Aguiló Patricio Vallespín Jefe de Bancada PS Jefe de Bancada DC Marcos Espinoza Ramón Farías Jefe de Bancada PRSD Jefe de Bancada PPD Andrés Zaldívar Ximena Rincón Jefe Comité Senadores DC Jefa de Comité Senadores DC Juan Pablo Letelier Isabel Allende Jefe Comité Senadores PS Jefa de Comité Senadores PS Jaime Quintana Eugenio Tuma Jefe de Comité Senadores PPD Jefe de Comité Senadores PPD Manuel Monsalve René Saffirio Diputado PS Diputado DC 31 de agosto, 2010.
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