El debate sobre los mecanismos de financiamiento de la Reconstrucción ha abierto una vez más la discusión sobre la contribución que la Gran Minería del Cobre debe hacer en caso de una emergencia nacional y también en el plano tributario permanente. Creo por éllo que vale la pena precisar algunos conceptos y hechos que, en el debate de la contingencia, se han perdido como aspectos básicos del tema y han hecho incomprensible la discusión para muchos chilenos por las complejidades técnicas. Veamos por éllo el tema de fondo, la historia de nuestro metal y la aplicación de las normas modificatorias propuestas. A partir de esos años la propiedad de los yacimientos del cobre y su relación de explotación sufren 5 procesos esenciales. En 1967 se aprueba la “chilenización” a través de la ley N°16.425 que genera una propiedad para Chile y entrega ciertas garantías para las empresas asegurando así fondos para el erario nacional de enorme relevancia, dado que era nuestro mayor y casi único exportador de mayor cuantía. En 1972 a través de la Ley N° 17.450, aprobada por unanimidad del Congreso previa una Reforma Constitucional, se “nacionalizó” el cobre entregando su propiedad a Chile quien negoció con las Empresas Mineras un nuevo acuerdo sobre impuestos, períodos de explotación, tasas de impuestos, etc. En el año 1987 conforme el DFL 1 que crea la Comisión Nacional del Cobre, se privatizaron los yacimientos y se traspasa a las grandes Empresas Mineras donde lo esencial significó la pérdida de la propiedad para Chile. En el año 2005, mediante la Ley N° 20.026 se establece impuesto específico a la actividad minera. En el momentos actual la discusión sobre el Royalty acapara la discusión pero subsume el fondo de nuestra vocación concertacionista “El cobre es chileno” y sobre esa premisa estructuramos nuestra definición en esta doble y antojadiza visión del proyecto de gobierno como es la búsqueda de tributos para la reconstrucción que apoyamos y su política de largo plazo como es la invariabilidad a 15 años plazo cuando ya no habrá reconstrucción según el propio Presidente. No apoyaré bajo ninguna consideración el proyecto del Ejecutivo tal como está porque al mezclar los elementos señalados se produce lo siguiente : 1. El impuesto al cobre producirá un ingreso al Estado de Chile, desde el año 2017 hasta el año 2025 de aproximadamente entre 500 millones de US$ y 4500 millones de dólares anuales según sea el precio del cobre entre una base de 2US$ la libra y 320US$. Todo en virtud de un acuerdo voluntario. 2. En ese mismo plazo (8 años entre 2017 y 2025) si se aplican las tasas de utilidades de hoy, las empresas ganarían anualmente entre 7800 y 14.000 millones de dólares aproximadamente. 3. Es decir, según el proyecto del Gobierno y en grandes cifras, en esos 8 años que son la viga maestra del proyecto y cuando no se puede asumir un terremoto que financiar, las empresas mineras ganarán entre 5600 y 11.200 millones de dólares y el Estado de Chile entre 4000 y 3600 millones de dólares. Estas cifras nos parecen escandalosas éticamente cuando en el mundo entero empieza un nuevo proceso de demandas nacionalistas. 4. La invariabilidad del impuesto por 8 años es impresentable porque amarra a Chile frente a los eventuales cambios en el mercado del cobre en la práctica desde el 2005 hasta el 2025. 20 años en un mercado volátil. Se nos responde que así lo hizo la Concertación pero fue un tiempo de baja inversión, bajos precios y de franca disminución lo que lo justificó y no se justifica ahora porque el cuadro es absolutamente distinto. De ahí estas líneas que espero sirvan para simplificar el tema y no perder el fondo de la materia y las precisiones de los términos. · Reitero el cobre es chileno y no de las empresas mineras y por éllo no es un debate paripassu · La pregunta que debemos hacernos también ¿Este debate es una maniobra distractiva para que no se mencione siquiera el punto anterior? · Lo propuesto por el Gobierno no es un Royalty sino simple impuesto sobre la venta. El Royalty es una participación sobre las ganancias. · La invariabilidad por 8 años comprometida desde ahora para aplicarse en 7 años más y por 8 años no se aplica ni en los países más capitalistas ni en los países más subdesarrollados de la tierra. Espero que estas reflexiones sean útiles.,
Mariano Ruiz-Esquide Jara Senador |